El día 20 de diciembre, Artur Mas pronunciaba un discurso de investidura en que afirmaba lo
siguiente: “Cataluña tiene que aceptar de una vez por todas que España no
quiere ser cambiada, y está en su derecho a no ser cambiada. Asimismo, España
debería aceptar que Cataluña no quiere ser ni absorbida, ni asimilada ni
homogeneizada. […] Cataluña debe abrir un nuevo camino, una nueva manera de hacer, una
nueva estrategia. […] debe iniciar su propia transición nacional que, de hecho,
es el único camino que nos queda”. Con estas palabras, el entonces presidenciable manifestaba su voluntad de
crear un estado catalán dentro de la Unión Europea poniendo fin, de esta
manera, a una larga estrategia política basada en garantizar la estabilidad
parlamentaria de los ejecutivos centrales a cambio de mayores cuotas a
autogobierno para Catalunya.
En primer lugar, podemos afirmar
que el cambio de orientación estratégica del hasta ahora partido hegemónico de
Catalunya ha sido fruto de una transformación previa del nacionalismo catalán.
Desde hace algunos años, los intelectuales orgánicos del catalanismo
conservador han desarrollado un discurso independentista basado en una serie de
preceptos de política económica (un supuesto expolio fiscal, la falta de
inversiones en capital fijo para estimular la economía catalana, etc.) que ha
sido asumido por capas cada vez mayores de población[1]. Ante
este hecho, Convergència i Unió (CiU) ha modificado su programa y su
estrategia para no perder el liderazgo de la construcción nacional catalana.
Para justificar este cambio de orientación, la federación nacionalista
necesitaba escenificar una ruptura con su anterior voluntad de reformar el
estado español. Para ello, generó momento simbólico homologable a los mitos
constitutivos de los estados-nación modernos: la llegada a Barcelona del
Presidente de la Generalitat después del rechazo de la propuesta de “Pacto
Fiscal” (eufemismo usado para diferenciarla del concierto económico del que
disfrutan las provincias forales) por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Teniendo en cuenta el carácter inconstitucional de la propuesta y el escaso
margen del Presidente del Gobierno de España para satisfacer dicha demanda, podemos
afirmar que la verdadera intención de Artur
Mas no era obtener un acuerdo político, sino conseguir una excusa para
escenificar la ruptura simbólica a la que antes se hacía referencia.
Como es bien sabido, las
pasadas elecciones al Parlament se
saldaron con una inesperada erosión de la mayoría parlamentaria de Convergència i Unió que obtuvo el peor
resultado de su historia en términos porcentuales. Como consecuencia de este
hecho, la federación nacionalista tuvo que firmar un acuerdo de estabilidad
parlamentaria con Esquerra Republicana de
Catalunya que incluía, entre otras propuestas, la celebración de una
consulta popular dentro de la presente legislatura. En este sentido, el pasado
23 de febrero, el pleno del Parlament de
Catalunya discutió una resolución parlamentaria titulada “declaración de
soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Catalunya” que fue aprobada con 85 votos a favor, 41 en
contra i 2 abstenciones. Esta resolución fue impulsada por Convergència i Unió, Esquerra
Republicana de Catalunya e Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y contó con
el apoyo crítico de las Canditatures
d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres (CUP-AE). Por su parte, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) votó
en contra de la resolución argumentando que la consulta popular en ella
contenida no tenía como objetivo hacer efectivo el derecho de autodeterminación
del pueblo de Catalunya, sino refrendar un proceso político de independencia previamente
iniciado. Por último, tanto el Partido Popular (PP) como Ciutadans (C’s)
mostraron un rechazo frontal a la resolución parlamentaria por considerarla
desleal hacia el orden constitucional vigente.
El pasado martes 12 de
febrero, el Govern de la Generalitat
presidido por Artur Mas creó un grupo
de expertos llamado Consell Assessor per
la Transició Nacional cuyo objetivo es asesorar política y jurídicamente al
gobierno catalán en el proceso que tiene que culminar con la convocatoria de
referéndum. Por otra parte, propuso la creación de un espacio llamado Pacte Nacional pel Dret a Decidir en que
participaran los partidos que dieron apoyo a la resolución soberanista y una
serie de organizaciones sociales aún por determinar. Según hizo saber Francesc
Homs, Consejero de la Presidencia y Portavoz del Gobierno de la Generalitat, los acuerdos alcanzados en este
marco deberán ser discutidos y, si procede, aprobados por el Parlament.
Así pues, el proceso de
independencia iniciado a instancias de las dos principales fuerzas
parlamentarias (CiU y ERC) parece irreversible. Sin embargo, dicho proceso aún
suscita algunas dudas importantes. En primer lugar, el marco legal actual no
permite hacer una consulta popular por la vía de referéndum sin la autorización
del gobierno central. Para sortear esta dificultad, CiU pretende aprobar un
proyecto de ley titulado “proyecto de ley de consultas populares no
referendarias” que permitiría convocar una consulta popular sin pedirle permiso
al gobierno central al no tratarse, formalmente, de una consulta por la vía de
referéndum. En este tipo de consulta, no se utilizaran los datos del censo
electoral[2], sino
los del padrón municipal. De ser así, la celebración de la consulta
independentista quedaría subordinara a la voluntad de cada ayuntamiento. Ante
esta situación, la Assemblea Nacional
Catalana (ANC), organización cívica cuyo objetivo es la construcción de un
estado catalán antes del 2014, se ha comprometido a organizar la consulta en
aquellos pueblos y ciudades cuyos gobiernos municipales se nieguen a celebrarla.
Los/as comunistas
debemos apoyar el derecho de autodeterminación de las naciones que en la
actualidad forman parte del Reino de España. Sin embargo, consideramos que todo
proceso que se ampare en este principio político debe ir acompañado de una
serie de garantías jurídico-políticas que impidan que este se convierta en un
instrumento en manos de las elites para refrendar o legitimar decisiones
políticas previamente adoptadas. En este sentido, debemos ser muy críticos con
el modelo de consulta popular que se ha planteado.
[1]
En cuanto a la opinión
pública se refiere, las últimas encuestas opinión hechas por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) revelan que el resultado de
la consulta dependería de la pregunta que se formulase. Así pues, según este
estudio, si la pregunta fuese “está de acuerdo con que Catalunya se independice
de España y sea un nuevo estado de la Unión Europea”, el “Sí” obtendría el 55%
de los sufragios. En cambio, si la independencia supusiese la salida de
Catalunya de la Unión Europea, solo el 38,60% de los catalanes votaría a favor.
[2] Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, la elaboración del censo es competencia exclusiva de la Oficina
Nacional del Censo (organismo público adscrito al Instituto Nacional de
Estadística).
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